Rodrigo Chaves se niega a comparecer ante el Congreso en histórica sesión sobre su inmunidad presidencial.
En un hecho sin precedentes en la política costarricense, el presidente Rodrigo Chaves ha anunciado que no asistirá al Congreso en la sesión programada para decidir si se le retira la inmunidad constitucional, lo que abriría la puerta a un proceso penal por presunta corrupción y desvío de fondos públicos.
La decisión fue comunicada por el propio mandatario, quien calificó la convocatoria legislativa como “un espectáculo lamentable” y aseguró que su presencia equivaldría a legitimar lo que definió como “un intento de golpe de Estado judicial”. Las declaraciones fueron recogidas por la agencia AFP.
La sesión parlamentaria, programada para este lunes, tiene como objetivo determinar si se le levanta el fuero penal al jefe de Estado, a solicitud de la Fiscalía General de la República, que lo acusa formalmente del delito de concusión, sancionado con hasta ocho años de prisión. Esta figura penal contempla el abuso del poder público para beneficiar a terceros, en este caso a Federico Cruz, exasesor presidencial y colaborador de campaña.
Un caso que sacude al gobierno
Según la investigación del Ministerio Público, Chaves habría presionado al productor audiovisual Christian Bulgarelli para desviar USD 32,000 de un contrato de USD 400,000, financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para favorecer a Cruz en la compra de una vivienda.
El contrato fue adjudicado en 2022 para servicios de comunicación de la Presidencia y es hoy uno de los principales elementos de la acusación.
Un proceso sin precedentes
Nunca antes se había debatido en Costa Rica el levantamiento de la inmunidad penal de un presidente en funciones, lo que convierte esta sesión en un momento crítico para la institucionalidad del país. Para que el desafuero sea aprobado, se requiere el voto favorable de al menos 38 de los 57 diputados del Congreso unicameral.
El Congreso conformó una comisión especial para analizar el caso, integrada por los diputados Andrea Álvarez (PLN), Rocío Alfaro (Frente Amplio) y Daniel Vargas (oficialismo). El presidente fue citado formalmente a ejercer su defensa oral por hasta 30 minutos antes de la deliberación, pero rechazó asistir.
La acusación formal fue remitida por la Corte Suprema de Justicia el 1 de julio, luego de avalar el informe presentado por la Fiscalía.
En su declaración más reciente, Chaves arremetió contra los poderes del Estado que impulsan el proceso en su contra, señalando directamente al presidente del Congreso, Rodrigo Arias, y a “otras influencias externas”.
