Santo Domingo. El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Hacienda y Economía, sometió al Congreso Nacional un proyecto de reforma al Presupuesto General del Estado 2025 que contempla un aumento significativo del gasto público. La iniciativa, que modifica la Ley 80-24, plantea un incremento neto de 69,740.2 millones de pesos, lo que representa un 4.7 % adicional respecto al presupuesto originalmente aprobado.
Con esta modificación, las autoridades buscan implementar una política fiscal contracíclica, orientada a contrarrestar los efectos de la coyuntura económica internacional y mantener el dinamismo de la economía nacional. El enfoque se centra en un aumento del gasto de capital, con una expansión del 20 %, equivalente a 35,548.25 millones de pesos, priorizando la inversión pública como motor del crecimiento económico.
Los ingresos estimados para 2025 ascienden a 1,277,364.7 millones de pesos, lo que equivale al 16 % del Producto Interno Bruto (PIB) proyectado. Sin embargo, como resultado del incremento del gasto, se prevé que el déficit fiscal suba del 3.0 al 3.47 % del PIB para el próximo año.
Según informó el Ministerio de Hacienda, los fondos adicionales se destinarán principalmente a proyectos de infraestructura y servicios esenciales, a través de instituciones como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el Ministerio de la Vivienda, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, el Servicio Nacional de Salud, la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial y los gobiernos locales, entre otros.
Además, se incluyen recursos adicionales para fortalecer áreas prioritarias como salud, seguridad nacional y programas sociales, así como apoyo a la reforma policial y a organismos constitucionales.
Pese al aumento del déficit, el Gobierno asegura que este será financiado en su mayoría con excedentes de ejercicios presupuestarios anteriores, evitando así un impacto negativo sobre la deuda pública. Asimismo, el proyecto mantiene el cumplimiento de la Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal, garantizando que la expansión del gasto se haga de forma responsable, sin comprometer la estabilidad macroeconómica ni la sostenibilidad de las finanzas públicas.
